Desde nuestra experiencia como Editorial Entre Zorros y Erizos, conocemos de primera mano las dificultades que implican desenvolverse en el ámbito cultural, especialmente cuando se deben sortear criterios dogmáticos impuestos por individuos y asociaciones que, en teoría, tienen como objetivo defenderla. Por ello, aunque hoy no presenciemos actos brutales como la quema masiva de libros, excluir a una editorial independiente por razones ideológicas constituye una forma moderna de censura, más aún cuando dichas prácticas se financian con recursos públicos.
En 2023, tras inscribirnos oportunamente y pagar por nuestra participación, recibimos la sorprendente notificación de que el Directorio de Editoriales de Chile nos inhabilitó de la 12ª Primavera del Libro. Esta decisión se justificó en que al revisar nuestro catálogo se detectó que no respondíamos a sus “lineamientos y propósitos gremiales”. Curiosamente, otras editoriales visiblemente activistas y radicales, pero del espectro ideológico opuesto, si fueron admitidas y promovidas durante la feria.
Resulta relevante indicar que en ese entonces interpelamos y solicitamos una reunión de lobby a la exalcaldesa de Providencia ⸺y hoy candidata presidencial⸺ Evelyn Matthei, la cual descartó cualquier posible arbitraje atribuyendo que el convenio que tenían suscrito indicaba que la decisión únicamente le correspondía a dicha entidad. Por otro lado, Carolina Arredondo, actual ministra de Las Culturas, tampoco respondió a nuestras apelaciones interpuestas ante la Subsecretaria. En otras palabras, no se disponen de mecanismos eficaces para solicitar la fiscalización de quienes organizan estos eventos.
Es de público conocimiento que la Asociación Editoriales de Chile, al igual que otras entidades de este tipo, se financia a través del Estado con el Fondo del Libro. La Primavera, de forma particular, se adjudicó la línea de Apoyo a Festivales y Ferias, recibiendo (en una cuota) 75 millones en 2023 para realizar las ediciones 12ª y 13ª del evento. Este convenio se fundamenta en que estas instancias permiten generar “espacios de democratización y promoción de la lectura", principios rectores de la Política Nacional del Libro. Por lo tanto, la conducta de este gremio contraviene los objetivos del ministerio.
Es por esa razón que interpusimos en ese año una demanda civil amparada en la Ley Zamudio, bajo el concepto de discriminación arbitraria, cuyas audiencias acaban de comenzar. No buscamos eliminar espacios ni silenciar posturas, sino exigir que todas las voces tengan la misma posibilidad de participar en eventos que son públicos y que están amparados en un sistema que supuestamente defiende la libertad de expresión.
Declaramos que nuestros planteamientos no carecen de fundamento: el artículo Mapa de la industria editorial chilena (2023), realizado por el think tank Ciudadano Austral, expone que dicha feria tiene una tendencia ideológica clara, marcada por discursos que promueven la agenda progresista, identitaria y anticapitalista.
Revisa los registros fotográficos apretando este hipervínculo.
El estudio, basado en información pública verificable, demuestra que de las 179 editoriales participantes en aquella edición, ninguna manifestaba posiciones ideológicas liberales o conservadoras explícitas. En cambio, 109 demostraban enfoques políticos claros, ya sea por su catálogo y/o publicaciones en sus redes sociales.
Más preocupante resulta que un 41,5% de las actividades realizadas dentro del evento tuvieron un contenido político incuestionable. Incluso sellos editoriales clasificados como “neutrales” en su enfoque comercial, participaron en acciones ideológicas. Algunos ejemplos incluyen el “Lanzamiento de fanzines de historia LGBTIQ+” de Invertido Ediciones; “Archivos feministas: Miradas a una colección” de Editorial Palinodia; y “50 años, 50 historias. L@s niñ@s y adolescentes de la dictadura”, organizado por LOM Ediciones.
Por otro lado, varias actividades organizadas por Editores de Chile incluyeron a figuras del activismo progresista, como Damivago o Malaimagen, lo que evidencia que el sesgo ideológico forma parte de la estructura del evento y no se limita únicamente a la selección de editoriales.
Aseguramos que esta situación no es aislada, en noviembre de ese mismo año otra agrupación gremial del sector editorial —la Cooperativa de Editores de La Furia— declaró públicamente su propósito activista: “Un espacio dedicado a la cultura y la educación no se puede dar el lujo de visibilizar editoriales que trabajen con este tipo de contenido [de derecha]”.
Finalmente, sostenemos que la cultura no puede estar al servicio de una sola visión. Las organizaciones financiadas con recursos públicos deben garantizar el acceso igualitario y el respeto a la pluralidad de opiniones, ya sea de editores, autores o lectores.
Si, como afirma Editoriales de Chile, “la lectura es un derecho fundamental”, entonces excluir por motivos ideológicos constituye una vulneración directa de ese principio. Confiamos en que nuestro caso establezca un precedente: la libertad de publicar, acceder a la información y difundir ideas diferentes no solo debe promoverse, sino también protegerse en todas las instancias posibles, especialmente cuando se trata de iniciativas financiadas por todos los chilenos.
Sofía Abarca C.
Empresaria. Máster en Edición UDP, Periodista U. Chile. Directora Ejecutiva Editorial Entre Zorros y Erizos.
